Policías Delincuentes: ¿Justicia Militar o Civil?

El Dilema de la Justicia Policial: ¿A Quién le Compete Juzgar a un Policía que Delinque?

En el Perú, la labor de la Policía Nacional es fundamental para garantizar la seguridad y el orden interno. Sin embargo, como en toda institución, existen casos lamentables donde sus propios miembros transgreden la ley, cometiendo actos delictivos en el ejercicio de sus funciones o incluso fuera de ellas. La reciente promulgación de la Ley 32735 ha reavivado un debate crucial: ¿quién debe juzgar a un policía que incurre en la ilegalidad? ¿La justicia civil ordinaria o el fuero militar policial? Este artículo busca desentrañar las implicancias de esta norma para el ciudadano común, ofreciendo una perspectiva clara y accesible sobre un tema de gran relevancia para la administración de justicia en nuestro país.

Contexto y Antecedentes: Un Camino de Debate Legal

La cuestión de la competencia para juzgar a los miembros de la Policía Nacional ha sido históricamente un punto de fricción legal y social. Tradicionalmente, los delitos cometidos por efectivos policiales en el ejercicio de sus funciones han sido objeto de interpretación y a veces de controversia judicial. La existencia del fuero militar policial, concebido inicialmente para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas, ha generado la pregunta recurrente sobre su aplicación a la Policía Nacional, especialmente cuando se trata de actos que, si bien cometidos por policías, podrían ser considerados delitos comunes.

El debate se intensifica cuando se considera la naturaleza de la función policial. Los policías actúan en la vanguardia de la prevención e investigación del delito, lo que implica el uso de la fuerza, la detención de sospechosos y la intervención en situaciones de alto riesgo. En este contexto, la línea entre un acto legítimo de servicio y un abuso de autoridad o un delito puede volverse difusa, pero no inexistente. La necesidad de un marco legal claro que determine la competencia judicial se vuelve imperativa para evitar impunidad y garantizar la correcta aplicación de la justicia.

Las normas que regulan la Policía Nacional, como el Decreto Legislativo N° 1149, Ley de la Policía Nacional del Perú, y su reglamento, establecen las funciones, responsabilidades y régimen disciplinario de sus miembros. Sin embargo, la determinación de la jurisdicción penal en casos de delitos cometidos por policías ha sido un campo fértil para interpretaciones, y la Ley 32735 busca precisamente dar un paso decisivo en esta dirección, definiendo un fuero específico para ciertos tipos de delitos cometidos por estos efectivos.

¿Qué Dice Exactamente la Ley 32735?

La Ley 32735, publicada recientemente, establece una modificación crucial en la forma en que serán juzgados ciertos delitos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú. En esencia, la norma dispone que los policías que cometan delitos en el ejercicio de sus funciones de prevención e investigación del delito serán juzgados por el fuero militar policial. Esto significa que, en lugar de ser procesados por la justicia penal ordinaria (los jueces y fiscales de la justicia común), estos casos serán derivados a los tribunales militares policiales.

Es fundamental comprender el alcance de esta disposición. No se trata de que todos los policías que cometan cualquier tipo de delito sean juzgados por la justicia militar. La ley es específica: se refiere a aquellos delitos que se cometen en el marco de la prevención e investigación del delito. Esto implica acciones como detenciones ilegales, uso excesivo de la fuerza durante operativos, abuso de autoridad en el curso de una investigación, o cualquier otra conducta delictiva que esté directamente vinculada a las funciones policiales de mantener el orden público y esclarecer hechos punibles.

La ley busca, según se desprende de su espíritu, dotar de un marco especializado para juzgar conductas que pueden estar intrínsecamente ligadas a la naturaleza de la función policial. La lógica detrás de esta medida podría ser que los tribunales militares policiales, al estar más familiarizados con el contexto y las normativas que rigen la actuación policial, estarían en mejor posición para evaluar la legalidad de las acciones de los efectivos en situaciones de riesgo o complejidad propias de la función policial.

Los puntos clave de la Ley 32735 son:

• Competencia Judicial: La justicia militar policial asume la competencia para juzgar a policías.
• Ámbito de Aplicación: Delitos cometidos en la prevención e investigación del delito.
• Exclusión: No aplica a todos los delitos, sino a aquellos vinculados a funciones específicas.
• Propósito: Especialización y posible agilidad en casos complejos de actuación policial.

¿A Quién Afecta y Cómo?

La Ley 32735 tiene un impacto directo en varios actores del sistema de justicia y, por extensión, en la ciudadanía:

1. Miembros de la Policía Nacional del Perú: Para los efectivos policiales, esta ley significa un cambio en el panorama de su responsabilidad penal. Si cometen un delito en el ejercicio de sus funciones de prevención e investigación, serán juzgados por un fuero distinto al común. Esto podría interpretarse de diversas maneras: por un lado, podría generar una mayor sensación de especialización en la justicia que los juzgue; por otro, podría suscitar preocupaciones sobre la independencia y objetividad de dicho fuero, especialmente si se percibe una tendencia a la autoprotección institucional.

2. La Justicia Penal Ordinaria: Los jueces y fiscales penales verán reducida su carga procesal en aquellos casos que, bajo la nueva ley, correspondan al fuero militar policial. Esto podría permitirles enfocar sus esfuerzos en delitos comunes no relacionados con la actuación policial. Sin embargo, también plantea la pregunta sobre la uniformidad en la aplicación de la justicia penal y si la especialización del fuero militar policial garantiza un estándar de debido proceso comparable al de la justicia ordinaria.

3. Las Víctimas de Delitos Cometidos por Policías: Para las víctimas, la principal preocupación será la efectividad y la imparcialidad de la justicia que juzgará al efectivo policial. Si bien el objetivo es garantizar un juzgamiento adecuado, las víctimas podrían preguntarse si el fuero militar policial será tan accesible y garantista como la justicia civil. La transparencia en los procesos y la posibilidad de obtener reparación efectiva serán aspectos clave a observar.

4. La Ciudadanía en General: La ciudadanía en su conjunto se ve afectada por la forma en que se imparte justicia. La confianza en las instituciones, incluida la Policía Nacional y el sistema judicial, se cimienta en la percepción de que la ley se aplica de manera equitativa y efectiva. Una ley que desvía ciertos casos a un fuero especializado genera la expectativa de que estos casos serán manejados con la debida pericia, pero también la necesidad de asegurar que no se cree un "espacio de impunidad" o un trato preferencial que socave los principios de igualdad ante la ley.

Dato Importante: La Ley 32735 no es una barra libre para los policías que cometan delitos. Se enfoca en aquellos actos delictivos que guardan relación directa con la labor de prevención e investigación del delito. Los delitos comunes cometidos por policías fuera de estas funciones seguirán siendo de competencia de la justicia ordinaria.

Implicaciones Prácticas para el Ciudadano Común

Para el ciudadano común, las implicaciones de la Ley 32735 son significativas y merecen atención:

a) Claridad en la Jurisdicción: En caso de ser víctima de un abuso o un delito cometido por un policía en el ejercicio de sus funciones de prevención o investigación, el ciudadano ahora tendrá un marco legal más claro sobre ante qué instancia judicial deberá acudir o esperar que se resuelva el caso. Sin embargo, es crucial entender que la determinación de si un delito cae bajo el fuero militar policial o el ordinario puede requerir un análisis jurídico específico.

b) Expectativa de Especialización: La ley sugiere que los casos serán manejados por tribunales con un conocimiento más profundo del entorno policial. Esto podría traducirse, en teoría, en procesos más eficientes y justos, dado que los jueces y fiscales militares policiales estarían mejor equipados para entender las complejidades de la actuación policial. No obstante, la eficacia real dependerá de la calidad de la justicia militar policial.

c) Preocupación por la Transparencia y la Imparcialidad: Un punto de atención para el ciudadano es la garantía de que el fuero militar policial opere con la misma transparencia y objetividad que se espera de la justicia ordinaria. Existe el riesgo percibido de que un fuero interno pueda tender a proteger a sus miembros, lo que podría generar desconfianza. La ciudadanía estará observando si los procesos son públicos, si las sentencias son justas y si las víctimas reciben la debida reparación.

d) El Rol de la Defensa: Para un policía acusado de un delito bajo esta ley, contar con una defensa legal especializada en derecho militar policial será fundamental. Del mismo modo, para una víctima que busca justicia, contar con asesoría legal que comprenda las particularidades de este fuero será crucial.

e) Lucha contra la Impunidad: El objetivo final de cualquier sistema de justicia es prevenir y sancionar la delincuencia. La ciudadanía espera que esta ley no se convierta en un escudo contra la justicia para los policías que cometen actos ilícitos, sino en un mecanismo que, si bien especializado, garantice que la impunidad no prevalezca.

¿Qué Hacer? Pasos a Seguir y Consideraciones

Ante esta nueva realidad legal, tanto ciudadanos como policías deben estar informados y preparados:

• Para el Ciudadano Víctima: Si usted considera que ha sido víctima de un delito cometido por un miembro de la Policía Nacional en el marco de sus funciones de prevención o investigación, es fundamental que:
  • Documente todo: Conserve pruebas, testimonios, fotografías, videos y cualquier otro elemento que respalde su denuncia.
  • Presente la denuncia formal: Acuda a la instancia correspondiente. Si bien la ley ha modificado la competencia, el primer paso suele ser la denuncia ante el Ministerio Público o la Policía. Ellos determinarán la competencia.
  • Busque asesoría legal: Un abogado especializado en derecho penal y, en este caso, con conocimiento del fuero militar policial, podrá orientarle sobre los pasos a seguir, los derechos que le asisten y las posibilidades de éxito.
  • Manténgase informado: Siga de cerca el desarrollo de su caso y las noticias relacionadas con la aplicación de esta ley.
• Para el Policía Implicado: Si usted es un efectivo policial y se encuentra en una situación que podría derivar en una acusación penal por delitos relacionados con sus funciones de prevención e investigación, es vital que:
  • Consulte con un abogado: Inmediatamente después de ser notificado o de enfrentar una situación de riesgo, busque la asistencia de un abogado experto en derecho penal militar.
  • Conozca sus derechos: Infórmese sobre sus derechos durante el proceso de investigación y juzgamiento.
  • Colabore con su defensa: Proporcione a su abogado toda la información relevante para construir su defensa.
• Para la Ciudadanía en General: Es importante comprender que esta ley es un cambio en el sistema de justicia y que su aplicación será clave para la confianza pública. Estar informados y exigir transparencia y rendición de cuentas es un derecho y una responsabilidad ciudadana.

Conclusión: Un Desafío para la Justicia y la Confianza Pública

La Ley 32735 representa un intento por especializar la justicia en casos que involucran a miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones de prevención e investigación del delito. Si bien la intención puede ser dotar de mayor idoneidad a los tribunales encargados de juzgar estas conductas, las implicaciones para el ciudadano común son variadas. Por un lado, existe la expectativa de un juzgamiento más especializado; por otro, surgen inquietudes sobre la transparencia, la imparcialidad y la garantía de un debido proceso equitativo.

Para el ciudadano, comprender el alcance de esta norma es fundamental para saber a qué atenerse en caso de ser víctima o testigo de actos ilícitos cometidos por efectivos policiales. La clave residirá en la implementación efectiva y transparente de la ley, asegurando que la justicia militar policial actúe con rigor, objetividad y respeto a los derechos fundamentales, tanto del acusado como de la víctima. Solo así se podrá fortalecer la confianza en nuestras instituciones y garantizar que la lucha contra la delincuencia, incluso cuando es perpetrada por quienes deben combatirla, sea efectiva y justa para todos los peruanos.