Elecciones 2026: ¿Votar o Ser Capturado? La Doble Cara de la Declaración del General Revoredo

Contexto y Antecedentes del Tema

La proximidad de las elecciones generales en Perú, programadas para el 2026, siempre genera un intenso debate público y político. Sin embargo, una reciente declaración del General PNP, Jorge Revoredo, ha puesto sobre el tapete un aspecto poco discutido pero de vital importancia para el Estado de Derecho: la participación ciudadana de personas con requisitorias judiciales.

En un contexto donde la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley son pilares fundamentales para la estabilidad democrática, las palabras del General Revoredo, quien habría invitado a los requisitoriados a votar en las próximas elecciones bajo el supuesto de que la Policía los "cuidará", han generado sorpresa, controversia y, sobre todo, una profunda interrogante sobre el marco legal que rige la participación electoral y la actuación policial.

Es crucial entender que el derecho al voto es un pilar de nuestra democracia, pero este derecho no es absoluto. Está intrínsecamente ligado al cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y al respeto de la ley. La declaración del General Revoredo, interpretada superficialmente, podría sugerir una anomalía o una flexibilización de las normas, lo cual amerita un análisis detallado desde una perspectiva legal peruana.

Que Dice Exactamente la Norma o Noticia

La noticia, difundida por Infobae y originada en declaraciones del General PNP Jorge Revoredo, señala que este habría invitado a las personas con requisitorias a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales del 2026, asegurando que la Policía Nacional del Perú (PNP) los "cuidará" durante el proceso.

Es fundamental desglosar esta declaración. La frase "la Policía los va a cuidar" puede interpretarse de diversas maneras. En su sentido más literal y optimista, podría referirse a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos aquellos con órdenes de captura, para que puedan acudir a las urnas sin temor a ser hostigados o violentados por terceros. Sin embargo, en un contexto legal, la presencia de una requisitoria implica que la persona está siendo buscada por la justicia para responder por algún proceso penal.

La declaración, tal como se presenta, omite detalles cruciales sobre el procedimiento que la PNP seguiría en caso de que un requisitoriados acuda a votar. No especifica si se realizarán intervenciones inmediatas, si se coordinará con el Poder Judicial, o si se trata de una estrategia comunicacional para incentivar la regularización de su situación legal.

Desde el punto de vista legal, la existencia de una requisitoria judicial, emitida por un juez competente, es una orden de captura. La PNP, como fuerza del orden, tiene la obligación de ejecutar dichas órdenes.

A Quien Afecta y Como

Esta declaración afecta directamente a dos grupos principales:

• Ciudadanos con Requisitoria Judicial: Son el blanco principal de la invitación. Para ellos, la noticia genera una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de votar sin ser inmediatamente detenidos podría parecer un alivio temporal. Por otro, la declaración no elimina la requisitoria. Si acuden a votar y son identificados, la PNP tiene el deber legal de proceder con su detención, independientemente de la coyuntura electoral. La "protección" que ofrece la policía podría interpretarse como una garantía de que no serán blanco de actos violentos o abusos por parte de otros ciudadanos o incluso de agentes, pero no como una inmunidad frente a la justicia.
• La Ciudadanía en General y el Sistema de Justicia: La declaración puede generar confusión sobre el principio de autoridad y la aplicación de la ley. Podría interpretarse, erróneamente, como una señal de que el Estado es laxo con el cumplimiento de órdenes judiciales en periodos electorales. Esto debilita la percepción de un sistema de justicia que opera de manera imparcial y constante. Además, pone en tela de juicio la efectividad de las órdenes de captura y la labor de la PNP si se da a entender que pueden "gestionar" la presencia de prófugos en eventos públicos.

La forma en que la PNP actuaría en la práctica es lo que determinará el impacto real. Si la "invitación" se traduce en una política de no intervención inmediata, se estaría creando un precedente peligroso. Si, por el contrario, se trata de una estrategia para que los requisitoriados se presenten voluntariamente ante las autoridades judiciales o policiales para regularizar su situación, entonces la comunicación debería ser mucho más clara.

“La existencia de una requisitoria judicial es una orden de captura que la Policía Nacional del Perú tiene el deber legal de ejecutar. Las elecciones, si bien son un derecho fundamental, no otorgan inmunidad ni suspenden los procesos judiciales en curso.”

Implicaciones Prácticas para el Ciudadano

Para el ciudadano común, especialmente para aquellos que no tienen ningún tipo de orden de requisitoria, la noticia puede generar escepticismo o preocupación. Se esperaría que las autoridades policiales se enfoquen en garantizar la seguridad y el orden público, y en hacer cumplir la ley, no en "facilitar" la participación electoral de personas que están al margen de ella.

Las implicaciones prácticas son las siguientes:

• Percepción de la Justicia: La declaración podría erosionar la confianza en la imparcialidad y rigurosidad del sistema judicial y policial. Si un requisitoriados puede votar, ¿qué mensaje se envía sobre la importancia de cumplir con la ley?
• Seguridad en los Comicios: ¿Cómo garantizará la PNP la seguridad en los locales de votación si se permite la presencia de personas buscadas por la justicia? ¿Se incrementará el personal policial? ¿Qué protocolos se seguirán si un requisitoriados es identificado en una mesa de sufragio?
• Doble Estándar: Podría percibirse un doble estándar en la aplicación de la ley. Por un lado, se persigue a delincuentes comunes, y por otro, se "invita" a requisitoriados a votar, sugiriendo una tolerancia en un contexto específico.
• Responsabilidad Ciudadana: La noticia recuerda la importancia de estar al día con cualquier proceso judicial. El desconocimiento de una requisitoria no exime de responsabilidad.

Es crucial que la ciudadanía comprenda que el derecho al voto, si bien es un derecho fundamental, no es un salvoconducto. La ley peruana establece claramente los motivos por los cuales una persona puede ser privada de su libertad, y tener una requisitoria judicial vigente es uno de ellos.

Que Hacer / Pasos a Seguir

Ante una situación como la planteada por la declaración del General Revoredo, es importante que los ciudadanos tomen acciones informadas y responsables:

• Verificar el Estado de Requisitoria: Si una persona tiene dudas sobre si posee alguna requisitoria judicial, debe acudir a las instancias correspondientes para verificarlo. La Policía Nacional y el Poder Judicial ofrecen mecanismos para consultar esta información. Es preferible estar informado que ser sorprendido.
• Regularizar la Situación Legal: Si se confirma la existencia de una requisitoria, el paso más recomendable es buscar asesoría legal y presentarse voluntariamente ante las autoridades judiciales o policiales pertinentes. Abordar la situación de frente es la mejor estrategia.
• Informarse a Través de Fuentes Oficiales: Ante declaraciones polémicas o confusas, es vital buscar la clarificación de las mismas a través de comunicados oficiales de la PNP, del Poder Judicial o del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Evitar basar la comprensión de la ley en titulares o interpretaciones superficiales.
• Participar Informado en el Proceso Electoral: Como electores, debemos estar conscientes de que el derecho al voto implica responsabilidad. La presencia de requisitoriados en las elecciones, si bien puede ser manejada por la PNP, no debe ser vista como una normalización de la elusión de la justicia.
• Exigir Claridad a las Autoridades: La ciudadanía tiene el derecho de exigir que las autoridades expliquen claramente los procedimientos y las normativas. Una declaración ambigua por parte de un alto oficial de la PNP genera incertidumbre y debe ser aclarada de manera contundente.

Conclusion

La declaración del General PNP Jorge Revoredo sobre la invitación a los requisitoriados a votar en las Elecciones 2026, asegurando que la Policía los "cuidará", plantea un escenario complejo que requiere un análisis legal riguroso. Si bien el derecho al voto es un pilar democrático, este no puede estar por encima del cumplimiento de la ley y de las órdenes judiciales.

Desde una perspectiva legal peruana, la existencia de una requisitoria judicial implica que una persona está siendo buscada por la justicia. La Policía Nacional, como brazo ejecutor de la ley, tiene la obligación de hacer cumplir dichas órdenes. La frase "la Policía los va a cuidar" debe interpretarse dentro de este marco, es decir, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos durante el proceso electoral, pero sin suspender ni anular las órdenes de captura vigentes.

Las implicaciones prácticas para el ciudadano son significativas: puede generar confusión sobre la aplicación de la ley, afectar la percepción de la justicia y plantear interrogantes sobre la seguridad en los comicios. Es fundamental que las autoridades ofrezcan declaraciones claras y que los ciudadanos se informen a través de fuentes oficiales y verifiquen su situación legal.

En última instancia, la democracia se fortalece con el respeto irrestricto a la ley y la participación informada de todos los ciudadanos. Las elecciones del 2026 deben ser un reflejo de un Estado de Derecho robusto, donde el derecho al voto se ejerza con responsabilidad y donde la justicia prevalezca, independientemente de las coyunturas.